OAXACA, OAX.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca inició en este año 428 carpetas de investigaciones por desvió de recursos y ejercicio irregular del servicio público contra funcionarios municipales, informó su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
Destacó que estas carpetas de investigación representan alrededor de mil millones de pesos, presuntamente desviados por servidores públicos municipales.
Dijo que más del 20 por ciento de las carpetas de investigación, 86, están ya listas para ser judicializadas, sobre todo porque tienen que ver con la falta de entrega-recepción, que obstaculiza la investigación de desvío de recursos.
“Aquí debo aclarar que las carpetas de investigación no comprenden el tema policial, porque este tema tiene que ver con otras connotaciones como abusos de autoridad o delitos derivados de esta práctica policial, como pueden ser las lesiones; pero, solo enfocándonos al tema de un mal manejo de recursos o un mal servicio público tenemos 428 y los municipios con mayores denuncias son: San Juan Mazatlán, San Jacinto Amilpas, Asunción Nochixtlán, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Villa de Mitla”.
Apuntó que estos seis municipios registran un promedio de 10 denuncias cada uno de ellos, en el último año.
Iruegas Álvarez, comentó que sin embargo los 570 municipios presentan denuncias. “Hace unos días hice una revisión y al menos hay una de los 570 municipios del estado de Oaxaca, pero aquí sí tanto por actos de corrupción u otros, como abuso de autoridad o temas relacionados con policías municipales”.
El fiscal subrayó que existe una tendencia ascendente en los delitos de corrupción o ejercicio indebido del cargo cometidos por servidores públicos municipales.
“La problemática de la corrupción no es algo que se haya logrado contener, más allá que desde el 2015 se generó de manera ex profeso un sistema nacional y algunas de las razones tienen que ver con que no existen medidas de corrupción para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas, que eso digamos es como candado para que no le meta la mano al cajón la autoridad o haga bien su trabajo; y, por otro lado, asumiendo la responsabilidad que me toca, es que muchas de las instancias que en materia penal persiguen este tipo de delitos, el fiscales anticorrupción, no tienen la capacidad institucional requerida para poder darse abasto en los tiempos que se requiere socialmente para poder dar respuesta y en su caso llevar a ante un juez a los involucrados”
