El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dio a comienzo a las asambleas regionales de seguimiento del proceso de Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en San Lucas Ojitlán perteneciente a esta zona de la cuenca del Papaloapan, así como Tlaxiaco, Silacayoapam, Jamiltepec, Santa Catarina Juquila y Ciudad Ixtepec, lo cual es parte de la consulta que se llevó a cabo en junio y julio de 2019 a través de 52 foros en regiones indígenas como en San Felipe Usila.
Las asambleas señala la dependencia, tienen el objetivo de socializar la Reforma Constitucional que reconoce, en toda la extensión de la palabra, a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como para su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Se mencionó que en la elaboración de la propuesta participó un comité técnico de expertos integrado por un destacado grupo de personalidades con conocimiento en la materia; asimismo, se contó con un grupo técnico interinstitucional, integrado por dependencias de la administración pública federal relacionadas con los pueblos indígenas y afromexicanos.
De manera que la propuesta tiene como objetivo el alcanzar el anhelo de justicia, argumentando que se requiere de una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano y su relación con los pueblos indígenas y afromexicanos. razón por lo cual se considera justo y necesario una reforma integral a la Constitución, a fin de reconocer plenamente sus derechos.D
Detalló el INPI, que el documento contempla temas como los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; tierras, territorios, biodiversidad y recursos naturales; sistemas normativos; coordinación con el sistema jurídico nacional; participación y representación en las instancias de decisión del país; comunicación comunitaria e intercultural; así como el derecho a la consulta, libre, previa a informada.
Además de patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva; educación comunitaria, indígena e intercultural; desarrollo integral y sostenible; soberanía y autosuficiencia alimentaria; salud y medicina tradicional; migración indígena en contextos urbanos y transfroterizos, así como la nueva relación del Estado con los pueblos indigenas y afromexicanos.
