OAXACA, OAX.- El mes de agosto ha sido el más mortífero para los reporteros en el país, con 14 asesinatos; pero, además, las agresiones se suscitan día a día en todos los rincones de la República, como fue el caso del ataque a dos reporteros en los accesos del Congreso del estado por parte de habitantes del municipio de Santa Inés del Monte.
El director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina, Emmanuel Colombié, dijo que la lista de periodistas asesinados en México es espeluznante y parece alargarse inexorablemente sin que el gobierno federal, ni las autoridades locales se hagan cargo de la dimensión del problema, ni tomen decisiones valientes.
Añadió que, frente a este dramático récord, de 14 periodistas asesinados en apenas ocho meses, se impone urgentemente una refundación de los mecanismos de prevención de riesgos, de protección y de justicia, así como la instauración de una política integral y duradera, que permita garantizar la seguridad de los profesionales de la información, cuyo papel es crucial para la democracia mexicana.
Además, solicitó una cita urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad para hallar soluciones concretas e inmediatas que frenen esta espiral de violencia e impunidad. “RSF insta igualmente a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, a reforzar sus mecanismos de protección para la prensa y a identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos registrados estos últimos años en sus Estados”.
Expresó que, en 2022, por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso y más mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos).
Pero las agresiones a los comunicadores son permanentes, tal es el caso de los reporteros Álvaro López y Mario Romero, que el miércoles pasado fueron agredidos con palos, piedras y machetes en el edificio del Congreso local, por habitantes de Santa Inés del Monte, cuando pretendían abandonar el inmueble.
