OAXACA, Oax.- El fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla presentó ante la 65 legislatura una iniciativa de ley para crear la Central de Inteligencia Criminal, que tendrá como objetivo detectar las estructuras patrimoniales y económicas delincuenciales.
Así como lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los delitos en general y particularmente aquellos cometidos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión y trata de personas y en el aseguramiento y la extinción de dominio de los bienes destinados a estos fines ilícitos.
Para ello tendrá entre sus atribuciones generar, analizar y consolidar cualquier tipo de información relacionada con la comisión de algún delito y en particular aquella información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de los mismos.
Así como emitir lineamientos y jerarquizar, por niveles de riesgo, la información que obtengan; diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y clasificación de la información que obtenga; y requerir a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, descentralizados, delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, Federal o Municipal, que proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones que se le confieren.
Además, solicitar a las autoridades competentes la realización de auditorías extraordinarias, en los casos de sospecha de la comisión de algún delito; colaborar en la investigación y persecución de los delitos con base en los análisis de la información que sea de su conocimiento; y coordinarse con las autoridades competentes para la práctica de los actos de investigación y fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de sus facultades.
La Central de Inteligencia Criminal estará integrada por el director, agentes del Ministerio Público, agentes del Ministerio Público Especializados en Materia de Extinción de Dominio, quienes intervendrán en el procedimiento en los términos de ls ley en la materia y demás disposiciones aplicables.
