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Avanza medición de polígonos en Cerro de Oro

Durante 40 años pobladores han vivido sin tener un documento que los respalde.
Foto(s): Alberto Castañeda
Karla Arrazola

TUXTEPEC, Oax.-El abogado Miguel Ángel Vazquez Ortiz comentó que esta semana se avanzó con la medición de los polígonos que serán reconocidos y titulados a por lo menos cuatro  comunidades asentadas en el vaso de la presa Cerro de Oro, que pertenecen al municipio de San Lucas Ojitlán; Monte Liberal, Nuevo Potrero Viejo, La Esperanza y Santa Rosa.

Explicó que en los predios se hace la medición con apoyo de la brigada de topógrafos enviados por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente se tiene  un avance del 50 por ciento.

Indicó que con esta acción lo importantes es que se atiende una demanda que tenía 40 años, los productores han vivido durante  todo este tiempo sin tener certeza jurídica y ahora obtendrán el reconocimiento legal de las tierras que tienen en posesión.

“Los productores tienen las tierras pero carecen de cualquier documento que  que acredite su legal posesión o propiedad, será un acto de justicia por los pueblos chinantecos asentados  en la ribera de la presa Cerro de Oro que resultaron afectados con sus mejores tierra para la generación de energía eléctrica”, externó 

El abogado destacó que el procedimiento se ha trabajado desde hace muchos años y con la llegada del gobierno federal se logró destrabar porque existe voluntad por parte de los funcionarios de la Sedatu, que respaldan los trabajos para dar certeza jurídica y  avanzar en la demanda añeja.

Para la medición de los polígonos acudieron los representantes de los pueblos asentados al otro lado de la presa Cerro de Oro, cabe mencionar, que el proceso consistió en que la brigada midió con apoyo de un  gps el posicionamiento en tiempo real, previamente establecieron la base para el levantamiento del polígono, que se conecta a los satélites para dar los puntos exactos.

Los trabajos de medición realizados son parte del proceso final para que las comunidades puedan obtener un documento que brinde certeza jurídica a las pobladores que por años han vivido en el lugar sin un documento que los ampare.