El fenómeno migratorio que se registra en la región del Istmo de Tehuantepec está generando la competencia desleal en el transporte de pasajeros con la participación abierta de la delincuencia organizada, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez.
Dijo que en un día los costos pueden aumentar de cinco mil hasta 7 mil pesos, lo que representa un 28 por ciento, por traslado.
En conferencia de prensa, comentó que ha recomendado a las empresas de transporte no realizar paradas en los tramos federales, sino de estación a estación.
“Porque sucede que a veces son cuatro o cinco células de crimen organizado que quieren causar daño, hacen la parada, suben al autobús y asaltan o, a veces, pueden quemar hasta la unidad”.
Señaló que a partir del sábado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la policía estatal implementaron operativos filtros desde Palomares hasta Salina Cruz, para incrementar la seguridad en esta zona.
“Efectivamente hubo muchas amenazas por ahí (sobre todo vía WhatsApp), pero es por eso, para crear psicosis en la población que no va a impactar, porque es más el grado de seguridad que se tiene en la zona”.
Comentó que el sábado pasado en El Barrio de la Soledad hubo un lesionado por arma de fuego, en el paraje El Ajal, de la carretera transístmica 135, tramos Matías Romero-Juchitán de Zaragoza, porque el autobús de la línea Sur en la que viajaba no hizo parada y entonces dispararon desde una parte alta de la serranía.
Precisó que las cinco rutas de vigilancia se ubican en ruta uno, Palomares-Estación Mogoñé, a cargo de la Guardia Nacional sector Caminos; dos, Estación Mogoñé-Guichicovi, policía estatal; tres, Estación Mogoñe-Crucero Lagunas, a cargo de la Guardia Nacional; cuatro, Matías Romero- Santa María Petapa, a cargo del 99 Batallón de Infantería y Guardia Nacional; y. cinco, Matías Romero, policía estatal, Semar y policía vial estatal. En todas las rutas participan elementos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.
