TUXTEPEC, Oax.-El abogado Miguel Ángel Vázquez Ortiz comentó que avanzan en el tema del plan de justicia para las poblaciones desplazadas desde diferentes frentes, por lo que buscan fundar nuevos ejidos en 2 mil hectáreas expropiadas con la construcción de la presa Cerro de Oro.
Los desplazados están asentados en las tierras pero no tienen certeza jurídica, la extinta comisión del Papaloapan expropió las 22 mil hectáreas pero no fueron utilizadas todas.
Son 2 mil hectáreas que se devolvieron a SEDATU y promueven que se funden nuevos ejidos dentro de esas 2 mil hectáreas, siempre que esas tierras no estén dentro del área que se inunda con el llenado de las presas.
Refirió que están en el proceso de llevar a cabo la medición y luego buscar la donación de la tierra que ya ocupan los desplazados pero no tienen certeza que les acredite y tienen problemas en la gestión de servicios básicos, educación.
Los desplazados son de las comunidades de Aguacate, Monte Liberal, El Nanche, chinantecos, mazatecos y mestizos, una población que fue desplazado en su momento de 22 mil chinantecos y la misma cantidad de mazateco y cuando hablan del plan de justicia, el beneficio es para los que están asentados en Oaxaca y los que fueron llevados a Uxpanapa, Tres valles Ignacio de la Llave.
En un principio comenzaron a trabajar con el tema del amparo para el rescate del río Papaloapan y fueron relacionados con otros actores que trabajan temas de acuacultura y tienen demanda de tipo agrario porque aún teniendo las tierras en posesión no tienen certeza jurídica.
Entre varios actores trabajan desde el tema ambiental jurídico, reforestación, tenencia de la tierra y turismo ecológico con la creación de una asociación de organizaciones o comunidades que tienen proyectos ecoturísticos.
Trabajan la inclusión de los pueblos y comunidades en un plan de justicia para los chinantecos y mazatecos para la presa Cerro de Oro y Temascal, desde varios frentes e iniciativas, un proceso que inició desde el 2012 cuando se intentó destruir el arroyo sal con la instalación de turbinas.
El abogado reconoció que existe desconfianza, apatía, porque algunos dirigentes llegan con promesas falsas, pero el proceso para la construcción del plan tiene acompañamiento oficial a través del Instituto de Pueblos Indígenas.
