OAXACA, Oax.- Las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento del 65 legislatura, que preside la diputada Mariana Benítez Tiburcio, presentaron un punto de acuerdo para que dependencias federales y estatales investiguen, y en su caso sancionen administrativa y penalmente, las conductas de extracción ilícita de material pétreo que se llevan a cabo en ríos que se encuentran en diversos municipios de la entidad.
En ese sentido, la presidenta de la comisión manifestó que es necesario fortalecer la aplicación de la leyes y regulaciones para imponer sanciones efectivas a aquellos que violan la ley, con la finalidad de controlar la extracción desmedida de materiales pétreos y asegurarse que estas actividades se realicen dentro de los límites legales y éticos.
En su intervención ante el pleno del Congreso, la legisladora exhortó a la Comisión Nacional del Agua Cuenca Pacífico Sur, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca y la delegación de la Fiscalía General de la República en Oaxaca, a imponer sanciones por daños ocasionados al medio ambiente en el río Atoyac, particularmente en los municipios de San Lorenzo Cacaotepec y San Felipe Tejalápam; además de los ríos Xonene en San Pedro Pochutla y Santa Cruz en Santa Ana Tlapacoyan.
De igual manera, solicitó a las autoridades competentes atender las denuncias de pobladores y activistas respecto a estas actividades ilícitas en el río del Maíz-Manialtepec en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; el río Limpio en la Agencia de Policía de San Pedro Nolasco en Capulálpam de Méndez y el río Los Perros en Ciudad Ixtepec.
La diputada independiente Benítez Tiburcio señaló que la extracción excesiva de materiales pétreos como grava y arena de los ríos, causa erosión en las riberas y los lechos, lo que disminuye la capacidad de retención de agua y aumenta el riesgo de inundaciones y la degradación del hábitat acuático y terrestre.
“Todas estas actividades afectan negativamente las poblaciones de peces y otros organismos acuáticos y como consecuencia merma la actividad pesquera y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las y los oaxaqueños que dependen de ella”, aseguró.
Además, expuso que la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos requiere contar con la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua o de los Organismos de Cuenca, por lo cual, estas conductas constituyen la comisión de delitos federales, que conforme a los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes son sancionados con una pena corporal de 2 a 12 años de prisión y una multa de 300 mil veces la unidad de medida y actualización.
“La extracción excesiva e ilícita de materiales pétreos continúa impunemente, a pesar de ser un ataque a nuestro entorno, a nuestra diversidad y a nuestra calidad de vida. Como líderes y ciudadanos comprometidos, tenemos el deber de asegurar que nuestros ríos fluyan con salud y vitalidad, proporcionando beneficios tanto para nosotros como para las futuras generaciones”.
