Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), junto con colectivas y organizaciones feministas, llevaron a cabo una manifestación frente a los juzgados civiles y familiares en Oaxaca exigiendo la renuncia de la jueza María Eugenia López Morales.
La acusan de ejercer violencia institucional al ordenar la entrega de la guarda y custodia de una niña de seis años a su padre, quien enfrenta denuncias penales por sustracción y violencia familiar.
Ileana Acevedo Brena, representante en el estado de la FNCVV, señaló que la jueza no actuó con la debida diligencia judicial durante la tramitación del expediente familiar. En un incidente anterior, cuando la niña fue sustraída, la jueza se negó a realizar la recuperación, argumentando que no era necesario y que podría causar un daño psicológico grave a la niña.
"Esto evidencia la parcialidad de su actuar a favor del progenitor. Además de que, después de este hecho, no se considerara medida de protección alguna a favor de la niña ni de la madre", indicó Acevedo Brena.
La protesta se enmarca en un contexto más amplio de denuncias de violencia institucional por parte de jueces y juezas en casos de violencia de género. Las manifestantes sostuvieron que las autoridades judiciales no aplican la perspectiva de género ni de infancia, demás de que son omisos a las leyes estatales y tratados internacionales.
En el caso específico de la jueza María Eugenia López Morales, las activistas señalaron que existe una actuación negligente, imprudente y omisa.
Recordaron que el viernes 1 de diciembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ingresaron a la casa de Erika Montes para cumplir una orden de cateo emitida por la jueza.
La incursión de los agentes -indicaron- fue violenta, con uso excesivo de la fuerza pues incluso golpearon a Erika Montes y le causaron un esguince de cuello.
Como resultado de estas acciones, la vida de Erika y su familia está en riesgo, ya que se ha revelado su domicilio al progenitor violento. La niña está desaparecida, y su estado físico y emocional es desconocido.
Ante estas circunstancias exigieron la destitución de la jueza por contribuir a la violencia vicaria y violentar el interés superior de la niña. En este sentido solicitaron la intervención urgente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para establecer una mesa de trabajo y garantizar la protección de la niña.
