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Tratado de Escazú exige proteger a los ambientalistas en Latinoamérica

Foto(s): Cortesía
Lorena Jiménez Salomón

Después de años de negociaciones y pese a la ausencia de importantes países como Colombia, Brasil y Chile, el Acuerdo de Escazú ha entrado en vigor este jueves.


El acuerdo empezó a perfilarse en 2012 y las negociaciones duraron seis años. Puentes recuerda cómo la cláusula que exige proteger a los ambientalistas estuvo a punto de no ser incluida en el texto por la reticencia de algunos países.


El tratado tiene el potencial de revertir la espiral de violencia contra los ecologistas que ha convertido a América Latina en la región con mayor mortalidad del mundo para ellos.


Pero si los 12 países que lo han ratificado, entre ellos Argentina y México, no toman las medidas necesarias para implementarlo corre el riesgo de no tomarse en serio. De ser así, teme la defensora del medio ambiente mexicana Leydy Pech, este día será una simple fotografía para el recuerdo.


Si bien el camino para su implementación será un reto, tanto Pech como las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el tratado aplauden que se haya logrado su entrada en vigor.

“Es una celebración incompleta, en construcción, pero lo importante es que sucede, porque bien hubiera podido ser que no se hubiera celebrado nada”, dice Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).


Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, reconoce que existe “un temor entre algunas empresas en la región” por el acuerdo. “Pero no deberían tenerlo, porque una mejor economía se construye con transparencia e información a la población. Un proyecto tiene mejor rendimiento si se hace con el acuerdo de las comunidades”.


Entre los países que faltan por sumarse al pacto destacan Colombia y Brasil, que precisamente lideran la lista de asesinatos a ecologistas en la región. Bárcena espera que la entrada en vigor del texto sea un “llamado” que impulse a más países a ratificarlo y logre cobrar la fuerza necesaria para poner un alto al drama que viven los líderes ambientales en Latinoamérica.