TUXTEPEC, Oax.-Agentes municipales, síndicos y comisariados ejidales participaron en la presentación del protocolo para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal e indigena-afromexicana, que expuso el magistrado y presidente de la sala de justicia indigena y quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López.
La difusión y socialización del protocolo se realizó por parte del Poder Judicial del Estado de Oaxaca en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El año pasado el Tribunal Superior de Justicia en coordinación con el INPI editó un protocolo, para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afroamericana.
El magistrado señaló que es un instrumento para operadores jurídicos, jueces, magistrado, para conocer cómo funciona la jurisdicción indígena, como juzgar con perspectiva indígena, que hacer cuando se presenta un caso que para ellos seria judicial pero la comunidad juzgó, porque internamente tienen su normatividad y justicia.
Explicó que dentro del sistema estatal muchas veces se desconoce del tema, por lo que expuso en qué consiste el protocolo, como respetar la autonomía, libre determinación de las comunidades indígenas y afromexicanas.
A la actividad convocaron a personas de distintas comunidades con apoyo de la diputada Laura Estrada Mauro, que manifestó sería importante no solo quedar el tema dentro del nivel de los juzgadores sino socializar a las comunidades, que conozcan el proceder cuando se enfrentan contra la estatal.
El protocolo apoya para que ciertos casos puedan ser atendidos por la comunidad. Cabe mencionar, que desde hace algunos años la Suprema Corte expidió un protocolo para aplicar perspectiva indígena, como se enfrentan la justicia del estado porque el solo hecho de no hablar la lengua y la técnica complica la situación.
El abogado Miguel Ángel Vázquez manifestó que este evento es importante porque se establecen los limites de la jurisdicción indígena, hasta donde los usos y costumbres pueden ser aplicados, porque las comunidades tienen temor de no ejecutar facultades por cometer delitos o violar derechos humanos.
Cabe mencionar que la sala de justicia indígena atiende casos que tienen controversia sobre aplicación de recursos, es decir, las agencias que reclama a las presidencias municipales el suministro y la sala ha resuelto varios casos.
