TUXTEPEC, Oax.- Organizaciones indígenas y localidades desplazadas del estado de Oaxaca a Veracruz por la construcción de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, así como ejidos chinantecos de Ojitlán, demandan se cumplan con los planes de justicia que promueve el INPI, sobre todo el relacionado con los afectados por la construcción de las dos presas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en una declaratoria conjunta dada a conocer por Santos Marcial Lucas, suscrita por cuatro organizaciones indígenas, cinco localidades de chinantecos y mazatecos desplazados, así como seis ejidos del municipio de Ojitlán, señalan la situación de los pueblos indígenas de la región y del país siguen siendo la misma, sin el cambio profundo esperado, en la invisibilidad y la falta de inclusión social.
Agregan que en México prevalece el asesinato de los líderes sociales indígenas que han asumido la defensa de sus territorios y bienes naturales y contra el despojo capitalista. "El desprecio por la cultura Originaria donde se impone el folclor y el mercado como parte de una política de falsa interculturalidad institucional".
La declaratoria señala que la construcción de grandes obras y megaproyectos, las privatizaciones de los bienes naturales y la enajenación descarada de los territorios, forman parte ahora de la nueva invasión y la nueva colonización, por lo que demandan que para que estas obras se lleven a cabo se realice una previa consulta, debidamente informada y de buena fe y sin simulaciones y, medir los verdaderos impactos tanto en la biodiversidad y en su cultura ancestral.
De la misma forma, sostiene que las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura en tiempos recientes, son insuficientes porque acortan los derechos fundamentales de los pueblos y los condenan a ser receptores de situaciones ajenas y no actores de su propio destino.
Respecto a los Planes de Justicia que promueve el INPI, apunta que deben de ser instrumentado y cumplidos a cabalidad, y específicamente para con los afectados chinantecos y mazatecos de las presas Cerro de Oro y Temascal, como los ordenamientos plasmados en el Decreto Expropiatorio del 29 de agosto de 1972, que deben de ser retomados en el Plan de Justicia para finalmente reparar la deuda histórica que se tiene con los afectados de las dos presas.
Al mismo tiempo, el documento señala que es necesario un cambio profundo en la relación de los pueblos indígenas y el Estado Mexicano, "mayor presupuesto para la atención de los rezagos sociales históricos , no se puede construir una sociedad más justa y con equidad, con rezagos históricos y con menor presupuesto".
