OAXACA, Oax.- Al menos 150 funcionarios públicos han sido identificados como deudores alimentarios morosos e integrados en una lista que será presentada ante el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, quien recientemente envió al Congreso de Oaxaca una iniciativa para vetar a deudores.
Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina celebró que el gobernador retomara parte de la iniciativa empujada desde colectivas feministas a través de la tres de tres contra la violencia, y en este sentido consideró que habrá voluntad política para hacerla efectiva.
“Durante casi dos años de trabajo colectivo hemos encontrado una gran cantidad de denuncias de madres cuyos deudores ocupan cargos públicos hoy en Oaxaca en esta nueva administración ya sea porque son de base, porque pertenecen a un sindicato porque repiten en áreas técnicas”, destacó.
De manera general -expuso- son 800 deudores alimentarios morosos denunciados por sus exparejas de manera pública. De este universo se contabilizaron hasta ahora 150 funcionarios de dependencias como la Secretaría de Salud, del Colegio de Bachilleres, Secretaría General de Gobierno e incluso del mismo Congreso de Oaxaca.
La activista lamentó que a pesar de que la mayoría cuenta con demandas de pensión, menos de un 30 por ciento tiene una sentencia. El resto de los litigios se encuentran atorados en los juzgados.
“En miras al 8 de marzo estamos viendo la manera de hacerle llegar al gobernador del estado la lista, para que, tomándole la palabra a él y a su consejero jurídico Geovany Vázquez Sagrero, tengan a bien a considerar estas denuncias y procesos legales que se han visto entorpecidos, que no avanzan en los juzgados”, destacó.
Agregó que hay muchos otros casos que no han sido denunciados ante los juzgados porque las mujeres carecen de recursos económicos para pagar un abogado y resistir en el proceso, que, debido a las trabas que enfrenta puede llegar a durar varios años en litigio. “No hay dinero para pagar abogados y tampoco pueden recurrir a abogados de oficio porque están saturados”.
Vázquez Ruiz señaló que cuando un deudor alimentario llega a un espacio de toma de decisión utiliza ese espacio desde lo más mínimo que puede representar un jefe de oficia o de departamento, para corromper a la autoridad, seguir sobornando, hacer tráfico de influencia y evitar pagar.
“Un señor que no cumple una responsabilidad económica con un hijo o hija ¿qué responsabilidad puede cumplir ante la ciudadanía? Es un tema ético moral de decencia y honestidad, por eso no tiene capacidad de probidad para ocupar estos espacios y deben ser considerados delincuentes, porque eso son, evasores de una responsabilidad”, destacó.
Finalmente pidieron al gobierno estatal reconocer los esfuerzos de las colectivas y activistas feministas en visibilizar esta problemática, pero sobre todo impulsar acciones concretas para erradicar la violencia contra las mujeres.
